El presidente chileno decidió promulgar una ley de IFE universal que comenzará a pagarse el 29 de junio y se extenderá hasta septiembre. La política social chilena ha degenerado en un Estado de bienestar con la excusa de la pandemia.

El presidente Sebastián Piñera impulsó una ley que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a partir del próximo 29 de junio. Se estima que este subsidio llegará a cerca de 15,1 millones de personas y supondrá un gran costo para el Estado y, en última instancia, para los contribuyentes. 

Este subsidio se extenderá, en principio, hasta el próximo mes de septiembre y se aplicará una cuota reducida en un 50% para este último mes. Las personas que ya estaban recibiendo un subsidio estatal no se verán envueltas en ningún tipo de trámite, ya que se les será depositado directamente. Cerca de 12,6 millones de chilenos se encuentran en esta situación.

Dado que Chile tiene una población de 19 millones de personas, se estará cubriendo a un 80% de la población con esta ayuda estatal, que la izquierda está vendiendo como un “ingreso básico universal“, que lograron ellos, a pesar de que tuvo el total apoyo del gobierno de Piñera.

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La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, con lo cual no hubo ninguna discusión ni tensión entre grupos oficialistas, centristas y radicalizados de izquierda. Por su parte, Piñera se mostró ampliamente conforme con la decisión del Congreso

El IFE establecido tendría un monto mínimo que es equivalente a los US$ 246 dólares mensuales en promedio para personas solteras, pero esta cifra es variable dependiendo de la conformación de cada hogar y aumenta con un mayor número de integrantes por familia. 

Con esta acción el gobierno de Piñera amplió considerablemente el techo de gastos previstos para el sector público y decidió profundizar la política subsidiaria que había iniciado en mayo del año pasado. Las medidas fiscales del oficialismo impactarán negativamente sobre el saneamiento de las finanzas públicas. 

Se calcula que esta nueva extensión del IFE costará cerca de US$ 10.000 millones adicionales de lo que el Estado chileno esperaba gastar en protección social como consecuencia de la pandemia. 

El déficit financiero de Chile llegó hasta los 7,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020, y esto generó un impacto en la deuda pública en términos brutos, que subió del 18% del PBI hasta el 33% del PBI. Nuevamente, se espera que para el 2021 la trayectoria del endeudamiento siga siendo creciente. 

“Esta red, es la más amplia y robusta en nuestro continente, pero también es verdad que ninguna red de protección social va a poder reemplazar la recuperación de los empleos que hemos perdido, la mejora en los salarios, la reactivación de nuestra economía”, dijo Sebastián Piñera. 

A pesar de los mitos arraigados por la izquierda chilena, la amplia gama de posibilidades en materia de política social solamente pudo ser llevada a cabo a partir de una sólida situación fiscal que existía antes de la pandemia, y a partir de un modesto tamaño del sector público

En contraposición a esta situación otros países, como es el caso de nuestro país, no tuvieron la misma capacidad de acción en la política social de asistencia porque la situación financiera del Estado era delicada. 

Pese al “estado de bienestar” de Argentina y la elevada carga tributaria en comparación a Chile, el elefantiásico Estado argentino no fue capaz de llevar a cabo la misma política asistencial que consiguió un Estado “pequeño” como el chileno

La Derecha Diario