Los colombianos vemos y estamos asombrados de ver en la televisión por ejemplo, en el Departamento del Cauca, el papel de defensa a los narcos de algunas etnias indígenas que violentan los derechos de los militares y les humillan permanentemente.

Nadie se imaginó el grave daño que causaría el ingreso del narcotráfico al país. En la década de los años de 1960, se conocen las primeras manifestaciones de cultivos de marihuana, en la que se descarriló un sector de la juventud participando entonces, en lo que se conociera la asociación grupal para coronar cargamentos en envíos, que, si tenían éxito, se volvían ricos, era la llamada “bonanza marimbera”.

Muchas personas de estratos diferentes se sumaron a la desmedida carrera de ser principiantes en actividades ilícitas porque no se creía que fuera grave enviar los alijos de marihuana, si había en otras latitudes personas interesadas en consumirlas. Ahí comenzó la semilla de la riqueza fácil. Este fue el comienzo que afectó los principios y valores que rigieron generaciones de antaño, por otras que sin mayor esfuerzo les pareció sencillo y simple, conseguir riqueza sin respetar fronteras éticas, morales o legales.

Vendrán luego nombres de afanados narcotraficantes que ensangrentaron las páginas de la historia colombiana, llegando incluso en los comienzos de los años 1990, a permear con su extorsión y chantaje la Constituyente de 1991 que ya 30 años aprobó la Constitución Política de Colombia y se arrodilló a la exigencia de Pablo Escobar de prohibir la extradición

Siempre se advirtió, y como a la postre se confirmó, que la puerta a los otros vicios por el uso de sustancia psicoactivas fue la marihuana. Los nuevos ricos y sus excentricidades marcaron socialmente unas generaciones que degradaron a esa juventud de entonces, abriéndose paso la cultura de la muerte que siempre va de la mano del narcotráfico. El sicariato hizo su aparición y hasta hoy no ha sido posible erradicarlo; por el contrario, las ejecuciones que se dan por los dominios territoriales donde están los cultivos van en aumento.

A la par que se expandía el narcotráfico, también comenzó en el seno de la sociedad colombiana en conocer actuaciones que propiciaban la defensa del consumo. Aquel reprochable fallo, que tanto les encanta recordar aquellos que quieren expandir el libre desarrollo de la personalidad, fue el que emitiera el Magistrado Carlos Gaviria quien, en los años de 1994, impulsó a través de decisión judicial constitucional, que no era el camino para hacerlo, la despenalización de la dosis personal. Pero no todo quedo allí, la flamante Corte Constitucional actual invadiendo esferas propias del legislativo ha emitido sentencias que más bien la muestran “legislando” que impartiendo cumplida y eficaz justicia. La aspersión aérea, le ha ocupado en su discurrir judicial y al sentar condiciones para poder hacer la aspersión causa un grave golpe de estado al Congreso de la República, en su principal función de hacer las leyes.

Basta revisar la decisión contenida en el numeral sexto de la sentencia proferida Sentencia T-080/17 en la que se exhortó al gobierno “la posibilidad de reglamentar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante ley en la medida en que esta política tiene profundas implicaciones en los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del país.”

Si, no se dude tiene implicaciones en esas comunidades, pero la Corte Constitucional olvidó que las más graves que las implicaciones y repercusiones lo son en todo el país. La mafia que cultiva, produce y comercializa la droga ilícita desangra la nación y no les importa mientras obtengan la retribución mal habida. Todas las minorías étnicas, religiosas, culturales etc. sin excepción deben protegerse, pero la primacía en la defensa siempre ha de estar en cuidar y defender a todos los colombianos por igual. El enemigo es el narcotráfico. Las protecciones a esas minorías no pueden convertirse en barreras u obstáculos para proteger a los connacionales.

Los colombianos vemos y estamos asombrados de ver en la televisión por ejemplo, en el Departamento del Cauca, el papel de defensa a los narcos de algunas etnias indígenas que violentan los derechos de los militares y les humillan permanentemente. No dejemos tampoco en el olvido, esa absurda y equivocada misión de convertir a los gloriosos soldados de la Patria en simples erradicadores manuales de la hoja de coca. En los hospitales y en sus casas se encuentran lisiados muchos servidores de la nación que quedaron mutilados en esa humillante tarea para la cual no se les prepara y no la cobijan los manuales militares.

Los anales de la historia demuestran que si es posible derrotar al narcotráfico y sus cultivos ilícitos. En el gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez con la decidida y valiente intervención del ministro de justicia de aquel entonces Dr. Fernando Londoño Hoyos aplicando la herramienta más efectiva para combatirlos, se consiguió reducir el record histórico de 163.000 hectáreas de coca sembradas en el año 2000 que se redujeron a 64.000 en el 2011 y a 48.000 en el 2012. (Fuente Observatorio de Drogas de Colombia –ODC-).

En época de su sucesor se tendría la certeza que se erradicarían por completo, pero en la conocida traición a la política de la seguridad democrática y al combate al narcotráfico, inimaginable e impensable, se oxigenó por el Acuerdo de Paz, quien lo creyera la reactivación y siembra de cultivos ilícitos llegando a registrarse 200.000 hectáreas al final del mandato de Juan Manuel Santos, destacándose como su mayor productor las mal denominada disidencias de las FARC.

El Ministro Diego Molano como hijo de militares comprende y entiende la problemática y ha dado un paso, no un salto como se requiere para reactivar la fumigación aérea con glifosato. Así chillen y griten entre otros, ese progresista rector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, secundado por supuestos defensores del medio ambiente y un cierto sector de la prensa escrita y radial, en contra de su uso y alegando su nocividad cuando el herbicida Roundup utilizado en todo el país por años, demuestra que no lo es, hace que entonces el arma a la que le temen los narcotraficantes a imponerse es la aspersión aérea y bienvenida sí fuere en forma restrictiva por ahora. Ir abogar por la erradicación manual ante los Estados Unidos como lo hacen esos cuestionaMonsviridis defensores, les convierte en personas que no valoran el grave daño que causan las minas a los erradicadores manuales.

Corresponde ahora a esta iniciativa loable, acompañarla de dos frentes que permitan tener dientes y persuadir a cualquier cuidado acerca que la Ilegalidad no paga; los cultivos ilícitos deben atacarse de una lado de manera técnica operativa mediante la fumigación y del otro, es decir desde el ámbito legal con la eficacia que demuestre la administración de justicia a todo aquel que en la cadena de siembra producción y comercialización participe o contribuya al narcotráfico, con sanciones penales ejemplarizantes y también las propias de la acción extinción de dominio que en últimas buscará que bienes utilizados o destinados para la siembra o los recursos económicos provenientes de estas actividades ilícitas pasen a manos del Estado con el mensaje que el delito no paga ni genera riqueza, obvio que esto de la mano de clarificar de manera rotunda que narcotráfico nunca pueda ser delito político, nada tiene que ver lo uno con lo otro, como lo ha pretendido acuñar de manera habilidosa y malintencionada las entonces Farc para disfrazar los actuares delictivos en una supuesta lucha que, de social nada tiene y de riqueza mal habida lo es todo.

Pildoritas: Confiamos que quienes crean en un mejor país no pueden apoyar esa proyectada y equivocada Reforma Tributaria. La única iniciativa válida es el recorte del gasto público y la reducción del Estado.

Se le fueron las luces a Margarita Rosa De Francisco, su proceder en la red es por completo contrario al sentimiento de la mayoría del pueblo colombiano.

Por Bernardo Henao Jaramillo – Panampost.com