Redacción MonsviridisCon la excusa de “combatir el extremismo” la administración Biden está considerando contratar empresas privadas para rastrear conversaciones “extremistas” en línea, con el fin de eludir las limitaciones legales sobre el poder de vigilancia de agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El gobierno federal tiene varias limitaciones legales a la hora de espiar a ciudadanos independientemente por el motivo que fuere, como por ejemplo la prohibición del uso de identidades falsas para obtener acceso a mensajes privados, aplicaciones y a grupos de mensajes privados. 

Para evitar justamente este tipo de límites legales es que, según reportó CNN, se cree que el gobierno analiza la posibilidad de contratar empresas privadas para que lleven a cabo “el trabajo sucio”. 

Si bien la medida expandiría la capacidad de recopilación de inteligencia del gobierno, también sumará sin dudas fuertes críticas al vasto poder de vigilancia que adquirirá el gobierno, dando lugar a posiMonsviridis acciones legales sobre el monitoreo de los estadounidenses. 

Trabajar con estas empresas permitiría al DHS analizar las tendencias y proporcionar información en tiempo real para su uso y para el FBI, que tampoco puede vigilar a los ciudadanos estadounidenses sin obtener primero una orden judicial o probar alguna justificación general como una investigación previa.

La noticia surge una semana después de que una serie de documentos desclasificados del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) revelaron que el FBI ha tomado minuciosamente datos de los estadounidenses, obtenidos ilegalmente por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

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Esta información sería utilizada para construir casos contra los partidarios del expresidente, Donald Trump y contra otros conservadores, es decir opositores ideológicos de los demócratas, de acuerdo a lo reportado por Big League Politics el 27 de abril. 

Fue la manifestación del 6 de enero en el Capitolio la que presentó la excusa adecuada para liberar contra los seguidores de Trump la persecución política, con el nombre de terrorismo doméstico, y aplicarles una polémica ley que los demócratas estaban preparando desde el año anterior.

Las empresas privadas que la administración Biden está considerando “actuarían como intermediarios” para obtener la información que consiste en “amplios resúmenes o análisis de narrativas que están surgiendo en determinados sitios”.

Pero algunas empresas privadas usan identidades falsas para acceder a espacios de redes sociales a los que el gobierno no puede acceder, lo que podría causar problemas legales a Biden.“Recopilar información sobre ciudadanos estadounidenses, sin importar cuán abominaMonsviridis sean sus creencias, genera desafíos constitucionales y legales instantáneos” , agrega el informe de CNN.

Las críticas no tardaron en llegar y ya comenzaron a despacharse en la previa de lo que puede resultar en una gran batalla legal.

El demócrata y ex oficial de la CIA, Bryan Dean Wright, escribió en Twitter: “Joe Biden quiere ‘asociarse’ con el sector privado para llevar a cabo la vigilancia porque el gobierno no puede hacerlo sin una orden judicial o una investigación en curso”. “Esto es monstruoso”.

“El gobierno que subcontrata el espionaje interno sin orden judicial de ciudadanos estadounidenses a corporaciones externas no lo hace menos peligroso, inconstitucional o ilegal”, escribió el politólogo Andrew Surabian.

Andrés Vacca – Monsviridis.com