Es indispensable salir del letargo en que nos encontramos y al despertar trabajar por recuperar las normas de un comportamiento social con respeto de los derechos de toda la comunidad.

Atónito, por decir lo menos, observé el vídeo en que un vigía boyacense, en solitario, frente a una aglomeración pedía respeto por los símbolos patrios y los monumentos nacionales, solicitando escucharan la historia, y ellos respondían “no queremos escuchar historia (…)”, con olvido que ésta es la que tiene como objetivo el estudio de la humanidad; que es la ciencia social que permite conocer el producto de las acciones humanas y permite establecer un determinado comportamiento en la sociedad, de donde su abandono lleva al error de que se puede continuar sin aprender del pasado. El filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana sentenciaba “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”, entonces, incomprensible resulta, a todas luces, la posición de los manifestantes.

Como también lo es la decisión dividida proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, el 26 de marzo de 2009, en la que cuatro de los nueve magistrados salvaron su voto, por la cual se declaró inconstitucional el delito de ultraje a los símbolos patrios que contemplaba el artículo 461 del Código Penal (Ley 599/2000).

Hoy, producto de ese equívoco comportamiento observamos la destrucción masiva de los símbolos que tienen como objetivo darle una identidad al país, trascender a un sentimiento de pertenencia que a todos los Colombianos nos haga sentir unidos e iguales. Así, la ofensa permanente a la bandera colombiana, el destrozo de múltiples estatuas en todo el territorio nacional, solamente nos lleva a la reflexión de que aquellos magistrados que salvaron su voto tenían toda la razón, lo que no evitó, lamentablemente, a que en la actualidad nos lleva a presenciar permanentemente el ultraje a que son sometidos nuestros emblemas patrios y monumentos, por un vandalismo que no entiende ni respeta la historia nacional.

Las principales ciudades del país, desde el pasado 28 de abril, dan cuenta de ataques irracionales de las estatuas representativas de hechos relevantes en nuestro pasado. Un repaso a las noticias nos deja saber que en el Departamento de Nariño destruyeron la estatua de Antonio Nariño, traductor de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hecha por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en vísperas de la Revolución Francesa. En Popayán indígenas de la etnia Misak destruyeron la estatua de Sebastián de Belalcázar. En Manizales la estatua del General Santander quien se unió a la lucha independentista y se conoció como el “hombre de las leyes”.

En Cali la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de la Sultana del Valle. En Bogotá, en la Plazoleta del Rosario, la minga indígena destronó de su pedestal al fundador de la ciudad de Santafé de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada y, aún más, el gran daño que le han propinado al Monumento a los Héroes, conmemorativo de las luchas por la independencia, por completo estropeado. Por ventura los vándalos sabían lo que hacían? O como no les interesa la historia ni siquiera conocían lo que esos monumentos representaban.

Ya quisiera uno imaginar cual sería la reacción de los franceses, cuna de la revolución, si su emblemático Arco del Triunfo fuera atacado. Nuestro monumento a los Héroes es de igual significación y la autoridad distrital no actuó para preservarlo. Ha sido renuente para cumplir con su deber y proteger el patrimonio histórico de la ciudad y como tal, debe responder.

Posición contraria a la entereza, firmeza y decisión con la que en el Puente de Boyacá un vigía del patrimonio y guía turístico llamado Julio Ernesto Gómez reclamó con amor y espíritu patriótico respeto por el monumento al Altar de la Patria. Anexo el video, porque es ejemplo de la actitud que se debe adoptar por salvaguardar nuestra historia y patrimonio.

Surge una conclusión. La decisión de la Corte Constitucional abrió un espacio que lógicamente no puede considerarse como una forma de protesta, luego ese pronunciamiento debe revisarse y, necesariamente, a través de una iniciativa legislativa, intentar nuevamente tipificar como delito esas conductas, que no pueden ser calificadas como una actividad que se ejerce por efecto de la libertad de expresión.

Bueno es recordar lo que la Corte Constitucional expresó en sentencia C-469 de 1997 “Los símbolos patrios -la bandera, el escudo y el himno- son la representación material de toda una serie de valores comunes a una Nación constituida como Estado. Por ello, estos símbolos se han considerado siempre como objeto del respeto y la veneración de los pueblos que simbolizan. Y por ello, también, la mayoría de las legislaciones del mundo los protegen, y sancionan su irrespeto como falta grave, a veces como delito. Así ocurre en Colombia, por ejemplo, donde el Código Penal (Art. 117) consagra como delito su ultraje público y lo sanciona con prisión de seis meses a dos años. No puede ser de otro modo, si se tiene en cuenta que la ofensa infligida a uno de estos símbolos se entiende como hecha al honor y al sentimiento de todo un pueblo que ve en ellos encarnado su ideal de patria.” Postura que se debe extender a los monumentos y a las estatuas, las que reproducen la imagen de nuestro pasado.

De esta manera no podemos justificar que un congresista, en el recinto de la democracia, ofenda nuestra bandera, tal no es propiamente una manifestación de libertad de expresión, es un agravio al símbolo patrio, como igualmente de palabra y obra se ofende a los policías y servidores públicos. Peligrosa brecha que se abre al no respetar los símbolos y la propia fuerza pública.

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La Libertad de expresión tiene límites y son aún mayores cuando se ostentan honores o cargos que imponer actuar con decoro y respeto. Es hora de revisar aquella premisa que hizo carrera que el derecho penal “está enmarcado en el principio de mínima intervención, lo que supone que el ejercicio del poder de punición tiene que ser el último recurso disuasivo que puede utilizar el Estado para controlar desmanes transgresores de la vida en comunidad. De mantener este postulado, nuestras ciudades continuarán siendo destruidas en sus monumentos y el costo de su recuperación debe estar a cargo de quienes ejecutan esa acción, no del pueblo.

Es hora de regresar a la senda del respeto que se finca siempre en la aplicación de los principios y valores que han hecho grande nuestra nación y que ahora, ciertos movimientos minoritarios, bastante egoístas, buscan romper con una cultura de antivalores, pretendiendo con sus discursos y narrativas alejarnos de aquellos cimientos que han hecho grande la sociedad colombiana.

Es indispensable salir del letargo en que nos encontramos y al despertar trabajar por recuperar las normas de un comportamiento social con respeto de los derechos de toda la comunidad.

Finalmente, cabe anotar, que debemos sentirnos orgullosos de conmemorar nuestras fiestas patrias. Triste fue el pasado 20 de julio no tener el tradicional desfile de la independencia que si bien se justificó por razones de salubridad, en el fondo fue más bien por prevenir un eventual encuentro entre las FFMM que desfilarían y el reto de los anarquistas destructores. Vendrá la conmemoración de la Batalla de Boyacá y del día de la raza y la gente buena de Colombia estará presta para su celebración.

Defendamos, en todos los aspectos, nuestra patria.

Bernardo Henao Jaramillo – Panam Post