Venezuela reporta 757 desapariciones forzadas desde 2018 a través de detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos. Sin embargo, ninguno de los organismos públicos o voceros de Nicolás Maduro ha respondido al clamor de estas familias.

Nadie sabe dónde están, pero los rostros de los desaparecidos en contra de su voluntad en Venezuela. Sus historias inundan las redes. Allí se habla de la valentía que tuvieron frente al régimen de Nicolás Maduro. En sus casas los esperan. Sus familiares tienen esperanzas. Quieren verlos, abrazarlos. Piensan que están vivos. De ello, no hay certezas hoy, solo de la crueldad que los separó.

Algunos dejaron de estar temporalmente, otros de forma permanente. Ese el patrón en el país donde se configuran detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos como una “estrategia para infundir terror en los ciudadanos”. Así lo divulgó el Foro Penal en su cuenta de Twitter.

Sus cifras reportan 724 casos de desapariciones forzadas de detenidos políticos entre el 1 desde enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. Tan solo en 2018 se registraron 200, mientras que en 2019 la cifra aumentó considerablemente: ocurrieron 524. Ahora, hasta el 31 de mayo de 2021 ya se cuentan 33 desapariciones, de ellas, 14 aún siguen en absoluta impunidad. Y es que «ninguno de los organismos públicos o la administración de Nicolás Maduro han respondido», se explica en el diario Tal Cual. Sin embargo, las denuncias sobre desapariciones forzadas están en manos Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Estas “detenciones secretas, conocidas legalmente como desapariciones forzadas, juegan un papel central en los esfuerzos cada vez más autoritarios para controlar a la población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes”, subrayó The New York Times.

Sin avances ni voluntad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), al igual que el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI), reconocen “avances y buenas prácticas” en la región en el diseño de estrategias integrales de búsqueda e investigación. Venezuela no figura.

En su informe se refieren solo a la adopción de los Planes Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Perú, en 2021; al igual en Colombia, en 2020 y 2021, como herramientas programáticas de la política pública, cuyo contenido fue producto de un proceso participativo en el que intervinieron diferentes actores. En el proceso de investigación se involucraron las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y organizaciones internacionales.

Incluso, destaca la adopción en México del Protocolo Homologado de Búsqueda, en 2020; y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2021; como instrumentos normativos que establecen mecanismos, procedimientos y métodos diferenciados para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y de la infancia desaparecida, respectivamente.

Asimismo, resalta también la construcción del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como parte de las políticas en materia de identificación humana y la creación de centros descentralizados para la identificación forense. Para ello se creó el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila.

Sin embargo, el régimen distrae con su aparato comunicacional. Desde la cuenta en Twitter de la Cancillería divulgan el recuerdo de la “efeméride”.

Recabando pruebas

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas va más allá de la conmemoración del día. De hecho, aprovechó la ocasión para hacer una nueva convocatoria con el fin de recabar documentos, información y entrevistas que conduzcan a un panorama más amplio sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (incluida la violencia sexual o de género) en Venezuela desde el 2014 hasta la actualidad.

El plazo para recopilar vence en septiembre de 2022, fecha donde deberá presentar un primer informe. La Misión sugiere que se utilice la siguiente planilla para enviar información y documentación relevante. Además, para mayor seguridad y confidencialidad, se recomienda enviar la información y sus archivos adjuntos a través del servicio en la nube creado por el mecanismo de la ONU.

Para cualquier duda, la Misión recomienda comunicarse con el correo [email protected]. Adicionalmente, la Misión sugiere usar correos electrónicos cifrados otea mayor seguridad y confidencialidad, como tutanota, hushmail o virtru.

La Misión asegura que no se enviarán mensajes de recibo individuales a las personas que denuncien o envíen sus comunicaciones, debido a la prioridad de la revisión y verificación de la información. Además, señala que no toda la intimación proporcionada a la Misión será reflejada en su informe final.

Esta representación cuenta con aproximadamente 13 funcionarios. Está integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes. Los expertos aún no han podido visitar Venezuela por la falta de respuesta del régimen. Sin embargo, la convocatoria intentan sortear la evasión.

Gabriela Moreno – Panampost.com